DELITOS INFORMÁTICOS Y PROTECCION LEGAL

Posted: October 1, 2013 in Uncategorized

En internet no todo vale… tienes el deber de respetar los derechos de los demás.

Recuerda que:

  • Internet no es anónimo.
  • Ser menor de edad no exime de responsabilidad, es decir, aunque seas menor eres responsable de lo que hagas.
  • El desconocimiento de las leyes no exime el deber de cumplimiento de las mismas, es decir, que no conozcas las leyes no quiere decir que no debas cumplirlas.

La protección de datos de carácter personal

Tienes el derecho a la protección de tus datos personales, y el deber de respetar los de los demás. El derecho a la protección de datos está contemplado en la Constitución Española, y regulado, tanto en la legislación nacional vigente, como en la normativa europea.

La ley –LOPD- define dato personal como toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a cualquier persona identificada o identificable. A modo de ejemplo, podemos citar como datos personales el número de teléfono, nombre, apellidos, DNI, dirección postal, imágenes (en vídeo o fotográficas), ideología política, religiosa, datos concernientes a la salud etc.

Recuerda que tal y como recoge la ley sólo los mayores de 14 años gozan de la madurez suficiente para consentir por sí mismos el tratamiento de sus datos de carácter personal. Es decir, los menores de 14 años necesitan el consentimiento de sus representantes legales. Nadie puede pedirte tus datos personales ni publicarlos sin la autorización de tus padres, y tú no puedes publicar datos sobre otros menores de 14 años sin la autorización de sus padres.

¿Cómo recabar el consentimiento de terceras personas?

Para no tener ningún tipo de problema debemos obtener el consentimiento por escrito y de forma expresa. Sin embargo, esta práctica no se lleva a efecto de forma habitual entre los distintos usuarios, quienes asiduamente, y tomándolo con absoluta normalidad, suelen publicar fotografías de amigos, familiares etc sin contar con el consentimiento de éstos. En estos supuestos se aplica la máxima de  “quien calla otorga”, entendiendo que se obtiene un consentimiento tácito, lo que puede plantear muchos problemas. Una vez publicados estos datos personales, si estamos en desacuerdo con tal publicación se puede ejercer el derecho de cancelación u oposición al tratamiento de los mismos, reservándose en cualquier caso la opción de interponer denuncia ante la AEPD o también de interponer las acciones judiciales correspondientes.

IMPORTANTE: al amparo de lo establecido en la LOPD, una vez que hemos otorgado nuestro consentimiento, en cualquier momento posterior se puede revocar o retirar.

Derecho a la intimidad, honor y propia imagen.

Todas las personas tenemos derecho a ser respetados en nuestra intimidad y como contrapartida tenemos la obligación de respetar la intimidad de los otros.

Es un derecho fundamental consagrado en el Art. 18 de la Constitución Española y regulado en la Ley 1/1982 de Protección civil del derecho al honor, intimidad personal y propia imagen y que, aún siendo un derecho distinto, guarda una estrecha relación con la Ley de Protección de Datos.

Más del 80% de la información que se proporciona en las Redes Sociales es verídica. El usuario suele colgar fotografías, ofrecer datos personales de forma pública, tales como nombre, apellidos, dirección, colegio o centro de estudios, a veces hasta números de teléfono. De este modo, nuestra intimidad queda expuesta y deja de ser íntima para convertirse en pública.

Estos datos, dependiendo de las intenciones de la persona que decida usarlos, así podrán crearnos más o menos problemas, hasta el extremo de poder llegar a ser fáciles víctimas de distintos delitos o actos ilegales. Recordemos, por ejemplo, que los acosadores sexuales se valen en muchos casosfilmadora de la información personal que hacen pública los usuarios, para extorsionarles y conseguir así sus objetivos.

Derecho de propiedad intelectual.

La Ley de Propiedad Intelectual tiene como fundamento proteger los derechos de los autores sobre sus obras artísticas, científicas o literarias.
Al amparo de la citada Ley, los autores de las distintas obras pueden optar por proteger sus derechos con carácter personal y patrimonial, con lo que cualquier reproducción, distribución o copia que cualquier usuario realizase de la obra protegida vulneraría los derechos de autor.

Ciberdelitos.

Podemos considerar la ciberdelicuencia como el conjunto de actividades ilegales en las que intervienen medios electrónicos y nuevas tecnologías. Las redes sociales, en este sentido, son uno de los medios en los que pueden perpetrarse distintos tipos de delitos.

Conductas delictivas más comunes:

Delitos contra la propiedad intelectual

Las descargas de contenidos sin el consentimiento del autor se consideran delitos tipificados en el art. 270.1 del Código Penal, sólo si tienen como objeto un ánimo de lucro, interpretándose este lucro, según la Fiscalía del Estado, como un lucro comercial o industrial, es decir, con la intención de obtener una contraprestación económica en dinero.

De este modo, la Fiscalía marca una clara diferencia:

  • Descargas inconsentidas sin ánimo de lucro, son aquellas que constituyen un ilícito civilpor vulnerar la Ley de Propiedad Intelectual.
  • ordenador injuriandoDescargas inconsentidas con ánimo de lucro son aquellas que constituyen un delito penal.

Delito de injurias y calumnias
(Art. 205 a 216 del Código Penal):

INJURIAS: se consideran injurias cualquier acción o expresión que lesione la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

A modo de ejemplo, citamos como injurias habituales:

  • Cuando el acosador publica fotografías controvertidas o vídeos sin autorización o consentimiento del  afectado.
  • Efectuar montajes fotográficos sobre esas imágenes, difundiéndolas y/o publicándolas en Internet.
  • Insultar a través de cualquier red social o comunidad virtual utilizando expresiones que claramente lesionan la dignidad, estima o menoscaban la fama.

Con respecto a las injurias, solamente serán constitutivas de delito las que por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en concepto público por graves.

CALUMNIAS: Acusar de cometer un delito, teniendo conocimiento que realmente no se ha cometido, difundiéndolo en Internet, a través de la publicación del mismo en una comunidad virtual.
Los delitos de injurias y calumnias, son de los calificados como privados, por lo que el perdón del ofendido produce la exención de responsabilidad criminal y el archivo de la causa. La acción sólo la puede interponer el agraviado o su representante legal, a través de querella, si es calificado como delito, o a través de denuncia si es una falta penal.
Asimismo, se establecen penas más graves para ambos delitos cuando se hacen con publicidad, es decir, cuando se propaguen por medio de imprenta, radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante, como por ejemplo, Internet.

AMENAZAS: Comete un delito de amenazas la persona que anuncia o advierte a otra que le va a causar a él, a su familia o alguien vinculado con él, un daño que pueda ser constitutivo de los delitos de homicidio, lesiones, aborto, torturas, contra la libertad, la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio … etc. intimidando al amenazado y privándole de su propia tranquilidad y seguridad.

USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL O SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: Usurpar el estado civil de una persona es fingirse ella misma para usar de sus derechos,  suplantar su filiación, su paternidad, sus derechos conyugales, es la falsedad aplicada a la persona y con el ánimo de sustituirse por otra real y verdadera”; añadiendo que “no es bastante, para la existencia del delito, con arrogarse una personalidad ajena, asumiendo el nombre de otro para un acto concreto”.
Art. 401 Código Penal: El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años.

En PROTEGELES se reciben multitud de consultas y denuncias, poniendo de manifiesto que en distintas redes sociales se crean perfiles emulando la identidad de otro usuario, siendo uno de los objetivos injuriar al usuario suplantado, ridiculizándole, publicando imágenes sin consentimiento, insultando y amenazando a otras personas bajo la identidad suplantada.

Para todas estas situaciones cualquier menor puede dirigirse directamente a la Línea de Ayuda dePROTEGELES, donde un equipo de abogados y de psicólogos prestan atención diaria y gratuita:http://www.internetsinacoso.es

APOLOGÍA DEL TERRORISMO Y LA XENOFOBIA: La apología es una forma de provocación, y consiste en la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. Sólo es punible si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.

Artículo 510.

  • 1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
  • 2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.
    En algunas Redes Sociales se lleva a cabo apología de distintos delitos, siendo susceptibles de ser denunciados.

Atipicidad de la conducta de favorecer la comunicación de obras protegidas (el mero enlace no es delito)

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción en el caso de la web de enlaces Cinegratis.net. Se trata del Auto 214/10 de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 1ª), de 8 de junio de 2010. El Juez de Instrucción había decretado el sobreseimiento provisional, y había confirmado tal decisióndesestimando el recurso de reforma contra el mismo por considerar que «la mera facilitación de enlaces externos para acceder a contenidos protegidos por los derechos de autor, no supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 270 CP» (con expresa referencia alAuto de 11 de septiembre de 2008 de la AP de Madrid en el caso Sharemula).

No hay novedad en cuanto a la conclusión a la que llega la Audiencia. Sin embargo, me parece interesante destacar un par de aspectos del Auto.

Por una parte, se recoge con claridad la argumentación de la recurrente de que la provisión de enlaces a obras protegidas constituye un acto de comunicación pública. El Auto describe esta alegación en los siguientes términos:

La entidad recurrente considera […] que tal conducta [la mera facilitación de enlaces externos para acceder a contenidos protegidos por los derechos de autor] sí se encuentra tipificada en el precepto bajo la forma de “comunicación pública”, haciendo notar al respecto que tales “links” o enlaces permiten acceder a la información protegida mediante el procedimiento de visionado en tiempo real, o bien mediante la posibilidad de descarga del archivo que la contiene en el soporte que se desee. Incide la recurrente en que el contenido del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual define la “comunicación pública” como “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”, y considera especialmente un acto de este tipo ‘la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y el momento que elija”. A juicio de la recurrente esta es precisamente la conducta en que incurre el denunciado al facilitar a un número amplio de personas el acceso a obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual, razón por la cual interesa la revocación de la resolución recurrida y la continuación del procedimiento por sus trámites.

Esta plasmación de lo alegado por la actora parece anunciar que el Auto proporcionará una argumentación de por qué la actividad denunciada no encaja en el supuesto de comunicación. Como ya he comentado en otras ocasiones, si en lugar de centrarnos en la modalidad de “puesta a disposición” (art. 20.1.i) atendemos simplemente a la amplia definición del art. 20.1 TRLPI, existe un cierto margen de discusión interpretativa (habida cuenta de que el listado de modalidades específicas no tiene carácter limitativo sino meramente ejemplificativo).

Sin embargo, el Auto no llega a ese detalle y da por hecho que la actividad no lo es de comunicación pública sino de “favorecimiento” de dicha comunicación, evitando proporcionar una justificación más precisa que despeje la incógnita apuntada (la de si cabría subsumir esa actividad en la definición amplia de comunicación del art. 20.1).

Superado por omisión ese escollo, el resto del razonamiento es impecable y probablemente más acertado y preciso que el visto en otras resoluciones. El núcleo de la argumentación descansa en el dato de que el “favorecimiento” de la comunicación pública no se halla tipificado en el art. 270 CP:

[…]se considera atípica la conducta imputada a los denunciados, conducta de mero favorecimiento que no se encuentra expresamente tipificada por el artículo 270 del Código Penal.

En efecto, tan repetido precepto se configura como un delito de simple actividad en el que el legislador penal no ha optado por adelantar las barreras de protección tipificando conductas de favorecimiento de la conducta típica. La conducta típica –ya lo hemos dicho– consiste en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente, en todo o en parte, una obra protegida, sin que sean objeto de tipificación expresa actuaciones tendentes a favorecer la ejecución de dichas conductas. En el supuesto analizado la página web http://www.cinegratis.netno aloja contenido alguno sino que se limita a facilitar el acceso a las páginas en las que efectivamente se alojan los contenidos supuestamente protegidos, ello mediante la inserción de enlaces o “links” que proporcionan información sobre la existencia y denominación de esas páginas, y además, evitan introducir sus datos mediante el teclado por cuanto el acceso se consigue operando directamente con el ratón. Insistimos nuevamente que esta conducta constituye –dicho sea a título meramente indiciario– un claro acto de favorecimiento de las conductas que se tipifican por el articulo 270 del Código Penal, ello en el caso de que las páginas a las que remiten los enlaces alojen datos o contenidos protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual. Pero la conducta de favorecimiento no se encuentra tipificada.

No se trata por tanto de aplicar el principio de intervención mínima que es propio del Derecho Penal, o de aludir al carácter fragmentario del ordenamiento punitivo, sino de acudir al principio de tipicidad del artículo 4.1 del Código Penal y considerar que la conducta imputada no ha sido objeto de tipificación expresa por el legislador.

Hay otra referencia interesante en el Auto, y es la que se realiza a la LSSI. A este respecto, el Auto señala que:

Dicho precepto, [el art. 270 del CP] como bien razona el Ministerio Fiscal, es una norma penal en blanco que se remite para la integración de las conductas típicas a la Ley de Propiedad Intelectual, razón por la cual no aludiremos en la presente resolución a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio de 11 de julio de 2002 aún cuando prevé la posibilidad de exigencia de responsabilidad penal a los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, pues lo cierto es que tal mandato de criminalización no ha sido atendido por el legislador penal. Esta misma interpretación parece realizar la entidad recurrente cuando en su escrito de apelación cita exclusivamente la legislación sobre propiedad intelectual y el artículo 270 del Código Penal.

La frase que he puesto en cursiva supone a mi juicio una interpretación errónea de la LSSI. Dicha Ley no establece de ninguna manera un mandato de criminalización de la conducta de enlazar. Todo lo contrario: otorga una exclusión de responsabilidad para el caso de que la conducta de enlazar pudiera generar responsabilidad. Se trata de la cuestión –debatida– de si las reglas de los artículos 13 a 17 de la LSSICE pueden interpretarse como fuentes de imputación de responsabilidad. Dicho de otro modo: si el intermediario que no reúne los requisitos para disfrutar de la exención de responsabilidad, pasa, por ese mismo motivo, a ser responsable de los contenidos de terceros (en este caso de los contenidos enlazados). La respuesta, a mi juicio, es que esto no es así. Si no cumple con tales requisitos, el intermediario no podrá invocar a su favor la exclusión de responsabilidad, pero sólo será responsable si existe una norma sustantiva, sea civil o penal, sobre la que se pueda fundar dicha responsabilidad. Las reglas de exención de responsabilidad de la LSSI no lo son de atribución de responsabilidad, ni tampoco constituyen un mandato al legislador para que establezca dicha responsabilidad en la normativa sustantiva que corresponda (así parece interpretarlo la AP, al hablar de mandato de criminalización). Es cierto que en este caso las consecuencias la lectura de la LSSI que hace la Audiencia no son relevantes, puesto que la AP también cree que el art. 17 no es suficiente para fundar la responsabilidad penal (sería sólo un “mandato” que el legislador penal ha decidido por el momento no atender). En todo caso, creo que es un punto digno de mención pues esconde un equívoco que puede resultar peligroso.

Ciberbullying o ciberacoso escolar

El acoso escolar ha existido desde siempre en el entorno escolar. Sin embargo, desde la aparición de las nuevas tecnologías y más en concreto Internet, el problema se ha extendido y agravado, perpetuando las situaciones en el tiempo y haciendo partícipes a terceras personas que pueden no conocer siquiera a la víctima.
De este modo, se dan casos de alumnos que consiguen fotografías o imágenes comprometidas de otro alumno, con objeto de chantajearle y coaccionarle bajo la amenaza de hacerlas públicas. Así la víctima es acosado tanto dentro como fuera de las aulas.

Este acoso puede ir encaminado a coaccionar y obligar al menor a hacer determinadas cosas que no quiere, aislarle, insultarle y amenazarle. Las consecuencias pueden ser sumamente traumáticas sino se atajan por parte de la Comunidad educativa.

DELINCUENCIA INFORMÁTICA (infografía)

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Comments
  1. eestheerr says:

    Me han encantado tu entrada Belén, son cosas que todo debemos saber y que casi nunca nos paramos en ello. Muchas gracias! 🙂

  2. Gabriela says:

    Conocer esta información, qué la respalda y dónde queda registrada, poder consultarla,conocer derechos y obligaciones… fundamental. Un magnífico post absolutamente bien encuadrado y cimentado. Gracias Belén

  3. paulapenate says:

    Wao! cuanta información! estoy de acuerdo que son cosas que todos deberíamos saber y tener en cuenta antes de entrar en el mundo 2.0. para no llevarnos disgustos, Gracias!

    • belenmarinp says:

      Si, la verdad es que enviamos datos a todos sitios y nuestra intimidad puede verse dañada aparte de los delitos informáticos que no debemos descuidar. Gracias Paula!

  4. Julián Pablo Alonso says:

    Impresionante, me lo leeré con calma pues tiene tela. Parece una tesis doctoral de derecho. Con esta información supongo que ya no necesito un abogado, jejeje. 🙂

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